Desierto”, “desierto”, “desierto”, “desierto”, “desierto”. La palabra
se repite en un par de carillas de un informe que descansa en el
despacho de la directora de la Oficina Nacional de Servicio Civil
(ONSC), Elena Tejera. Allí se detalla el estado de diversos llamados a
profesionales donde la administración pública no pudo conseguir personal
calificado que demandan organismos públicos. Ello sucede porque el
Estado paga menos (o mucho menos) a determinados profesionales por la
misma tarea que realiza en el ámbito privado.
En ese último reporte de concursos declarados desiertos, al que accedió El Observador, se buscaron técnicos electricistas, especialistas en administración de software, economistas, agrimensores, ingenieros químicos, ingenieros hidráulicos y auxiliares informáticos, entre otros.
Para superarlo, la administración de José Mujica está dispuesta a competir con los privados con mejores salarios.
La herramienta será generada en la reforma del estatuto del funcionario público y de la carrera administrativa. Allí se establecerá el pago de salario de acuerdo a tres componentes. El primero referente al cargo, calculado de acuerdo al escalafón y el nivel adonde el funcionario desempeña funciones (algo que también cambiará porque, el sistema actual se divide en 16 grados y 9 escalafones, y el nuevo está pensado en cinco grados y tres escalafones). El segundo elemento para determinar el salario será denominado por “ocupación”. Ello implica la especialidad del profesional.
Por último, el Poder Ejecutivo tendrá la posibilidad de incrementar el salario de los profesionales a los que no puede acceder por la demanda del mercado. Para ello suma al esquema de retribución un “componente estratégico”.
¿Qué significa? Con el asesoramiento de una comisión que la crea el artículo 8 del proyecto de rendición de cuentas a estudio del Parlamento, integrada por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), la ONSC y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Poder Ejecutivo podrá decidir, en caso de que el mercado laboral y las cifras objetivas del Instituto Nacional de Estadística (INE) lo demuestren, incrementar la oferta salarial para cargos especializados. Luego se determina también si se requerirá o no dedicación exclusiva.
El Poder Ejecutivo tendrá libertad para ofrecer el dinero que considere necesario para obtener candidatos. El porcentaje o los topes será materia de la reglamentación de la carrera administrativa, cuando sea ley.
“Sabemos que el Estado, en niveles de ingreso, en algunas categorías laborales paga un poco mejor que lo privado, pero en los niveles altos el Estado paga muchísimo menos, sobre todo a nivel profesional”, dijo Tejera a El Observador.
El componente estratégico, según la directora de la ONSC, está pensado para “competir”.
Sin embargo, los incrementos salariales por esa razón serán “coyunturales y variables”. Ello significa que, si luego de un tiempo determinado por el Poder Ejecutivo, el mercado o las condiciones para haberle ofrecido más dinero al profesional cambian, la administración podrá quitar el componente estratégico y, por consiguiente, bajará su salario.
El nuevo sistema del componente estratégico fue incluido en la última rendición de cuentas en el artículo 7, que generó confusión entre legisladores y funcionarios públicos, y debió ser explicado por Tejera en el Parlamento.
El nuevo estatuto, que dará sentido a ese artículo 7, pero también al 6 y el 8, será enviado en un mes a la Cámara de Representantes, cuando se vote allí la rendición de cuentas. La idea del gobierno es tenerlo vigente en 2013.
En la actualidad, entre 20% y 40% de los salarios en el Estado corresponden al “cargo”, y el resto a diferentes logros que sindicatos han conseguido en discusiones de presupuesto y rendiciones de cuentas, eso que la directora Tejera llama “lobby” sindical (ver en línea). Esa estructura salarial es rígida y, por lo tanto, se observan diferencias abismales en salarios de funcionarios en los mismos grados y escalafones.
En el nivel 1, por ejemplo, había 1.517 funcionarios en 2010 que ganaban $ 16.000 en promedio; $7.000 los que ganaban menos, y “dos o tres” funcionarios de la Dirección General Impositiva (DGI) $65.000. Lo mismo en el grado 2, donde en 2010 había 500 funcionarios: entre ellos había salarios de $16.000, $17.000 , $8.000 y algunos de $42.000.
El sueño de ingresar al Estado y asegurarse el futuro con un empleo público, esa idea tan arraigada en la sociedad uruguaya, parece no tener sustento para quienes poseen una calificación o especialidad superior. A juzgar por los salarios ofrecidos, la premisa se mantiene todavía para los que no acceden a calificarse.
En ese último reporte de concursos declarados desiertos, al que accedió El Observador, se buscaron técnicos electricistas, especialistas en administración de software, economistas, agrimensores, ingenieros químicos, ingenieros hidráulicos y auxiliares informáticos, entre otros.
Para superarlo, la administración de José Mujica está dispuesta a competir con los privados con mejores salarios.
La herramienta será generada en la reforma del estatuto del funcionario público y de la carrera administrativa. Allí se establecerá el pago de salario de acuerdo a tres componentes. El primero referente al cargo, calculado de acuerdo al escalafón y el nivel adonde el funcionario desempeña funciones (algo que también cambiará porque, el sistema actual se divide en 16 grados y 9 escalafones, y el nuevo está pensado en cinco grados y tres escalafones). El segundo elemento para determinar el salario será denominado por “ocupación”. Ello implica la especialidad del profesional.
Por último, el Poder Ejecutivo tendrá la posibilidad de incrementar el salario de los profesionales a los que no puede acceder por la demanda del mercado. Para ello suma al esquema de retribución un “componente estratégico”.
¿Qué significa? Con el asesoramiento de una comisión que la crea el artículo 8 del proyecto de rendición de cuentas a estudio del Parlamento, integrada por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), la ONSC y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Poder Ejecutivo podrá decidir, en caso de que el mercado laboral y las cifras objetivas del Instituto Nacional de Estadística (INE) lo demuestren, incrementar la oferta salarial para cargos especializados. Luego se determina también si se requerirá o no dedicación exclusiva.
El Poder Ejecutivo tendrá libertad para ofrecer el dinero que considere necesario para obtener candidatos. El porcentaje o los topes será materia de la reglamentación de la carrera administrativa, cuando sea ley.
“Sabemos que el Estado, en niveles de ingreso, en algunas categorías laborales paga un poco mejor que lo privado, pero en los niveles altos el Estado paga muchísimo menos, sobre todo a nivel profesional”, dijo Tejera a El Observador.
El componente estratégico, según la directora de la ONSC, está pensado para “competir”.
Sin embargo, los incrementos salariales por esa razón serán “coyunturales y variables”. Ello significa que, si luego de un tiempo determinado por el Poder Ejecutivo, el mercado o las condiciones para haberle ofrecido más dinero al profesional cambian, la administración podrá quitar el componente estratégico y, por consiguiente, bajará su salario.
El nuevo sistema del componente estratégico fue incluido en la última rendición de cuentas en el artículo 7, que generó confusión entre legisladores y funcionarios públicos, y debió ser explicado por Tejera en el Parlamento.
El nuevo estatuto, que dará sentido a ese artículo 7, pero también al 6 y el 8, será enviado en un mes a la Cámara de Representantes, cuando se vote allí la rendición de cuentas. La idea del gobierno es tenerlo vigente en 2013.
En la actualidad, entre 20% y 40% de los salarios en el Estado corresponden al “cargo”, y el resto a diferentes logros que sindicatos han conseguido en discusiones de presupuesto y rendiciones de cuentas, eso que la directora Tejera llama “lobby” sindical (ver en línea). Esa estructura salarial es rígida y, por lo tanto, se observan diferencias abismales en salarios de funcionarios en los mismos grados y escalafones.
En el nivel 1, por ejemplo, había 1.517 funcionarios en 2010 que ganaban $ 16.000 en promedio; $7.000 los que ganaban menos, y “dos o tres” funcionarios de la Dirección General Impositiva (DGI) $65.000. Lo mismo en el grado 2, donde en 2010 había 500 funcionarios: entre ellos había salarios de $16.000, $17.000 , $8.000 y algunos de $42.000.
El sueño de ingresar al Estado y asegurarse el futuro con un empleo público, esa idea tan arraigada en la sociedad uruguaya, parece no tener sustento para quienes poseen una calificación o especialidad superior. A juzgar por los salarios ofrecidos, la premisa se mantiene todavía para los que no acceden a calificarse.
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